Escribir política

"La paz justifica los medios"

A cualquier ciudadano le causa asombro que en el Congreso curse un proyecto de Ley que busca reparar a las víctimas del conflicto armado en Colombia, pero a la vez haga tránsito otro –y con mayor celeridad- que tiene por objeto brindar seguridad jurídica a desmovilizados de grupos armados al margen de la Ley.

El asombro al que refiero no es más que un sentimiento solidario hacia esos tres millones quinientos mil colombianos desterrados de fincas, caseríos o pueblos, y también hacia aquellos que perdieron padres, hijos, hermanos o son hoy un recuerdo, porque la guerrilla o grupos paramilitares los exterminaron.

En las esquinas se oyen voces rencorosas diciendo que ahora las víctimas están al nivel de los victimarios, todo porque éstos ahora tienen un libro para escribir, y de esa gramática dependería su libertad y algunos beneficios, al tiempo que los agredidos deben esperar su turno para ser reparados.

A este proyecto de Ley que menciono, lo antecede la Ley 975 “Ley de Justicia y paz” que ha ido desenterrando parte de esa verdad histórica que el país quiere conocer, sin que ello deje a los cabecillas al margen del cumplimiento de sus obligaciones judiciales. Pero lo que ahora se nos presenta es el “limbo jurídico”, en el que se haya más de 20 mil ex combatientes rasos debido a que la Corte Constitucional declaró inexequible una Ley que les daría el principio de oportunidad.

Por mi parte siento zozobra al pensar que los victimarios, hacedores de los peores crímenes del país, lleguen a gozar de prebendas a cambio de decir la verdad, sin que de ella deriven procesos judiciales. Estas personas hicieron suyo el mandamiento de EL PRÍNCIPE: “el fin justicia los medios”, mientras que las víctimas sólo pudieron correr y salvarse o pedir perdón a quien no debían para evitar ser asesinados. Hablo del tiempo en que el Estado no hizo presencia para evitar la incursión de grupos armados, porque estaba ocupado en procesos de paz sin fundamento, o cuando ese mismo Estado cohonestó las masacres y los destierros.

Pero delante de mi interpretación hay una realidad: el propósito fundamental de todos estos procesos es la paz perdurable. Si estas personas decidieron dejar las armas y reincorporarse a la vida civil, tienen igual derecho a ser valorados, no sin antes reparar a las víctimas; y que la suspensión de la pena vaya ligada a unos requisitos como bien lo expresa el texto en el Artículo Séptimo, a saber. 1). Estar vinculado al proceso de reintegración social y económica dispuesto por el Gobierno Nacional y estar cumpliendo su ruta de reintegración o haber culminado satisfactoriamente dicho proceso; 2). Ejecutar actividades de servicio social con las comunidades que los acojan en el marco del proceso de reintegración ofrecido por el Gobierno Nacional; 3). Reparar integralmente los daños ocasionados con los delitos por los cuales fue condenado dentro del marco de la presente ley, a menos que se demuestre que está en imposibilidad económica de hacerlo; 4). No haber sido condenado por delitos dolosos cometidos con posterioridad a la fecha en que haya sido certificada su desmovilización; 5). Observar buena conducta en el marco del proceso de reintegración.

Me llama la atención que también el proyecto contempla la creación de un mecanismo de carácter no judicial que permite a estos desmovilizados contribuir a la verdad histórica, paso indispensable para que haya reconciliación.

En ese sentido, hay que diezmar el asombro, desbaratar las inquietudes y dejar que avancen con decoro estas ideas. Si la paz es el fin…. Bienvenidos todos los medios.