El milagro de los panes y los peces
Si Uribe se creía Dios, omnipotente y sabio, Santos es el Mesías. Y lo digo porque el gobierno Nacional, como en un relato bíblico, quiere multiplicar los panes y los peces. Y pretende hacerlo a través de una reforma al Sistema de las Regalías que avanza con paso firme en el Congreso de la República, también como hizo Jesús sobre las aguas del mar.
Pero de aquella proeza escrita por el evangelista San Mateo a lo que intenta hacer el Presidente Santos y sus discípulos (que poco o nada saben de aquel adagio “donde comen dos comen tres”) hay diferencias enormes. El milagro de Jesús consistió en darles de comer a cinco mil hombres con tan sólo cinco panes y dos peces; además, llenar doce canastas con víveres. Con la reforma ocurre todo lo contrario: quitarle a las regiones los panes y los peces y echarlos en una sola canasta a la que tienen acceso solamente los apóstoles. ¿Qué logran con esto? Forzar a los gobernantes de municipios y departamentos, a mantener el cordón umbilical del poder central, estableciendo un régimen de centralización y provocando que la clase dirigente y política de los territorios hagan cualquier treta y logren sacar de esa canasta medio pan y medio pez para darle de comer a un grupo muy reducido de población.
Como funciona el sistema en la actualidad, los municipios, departamentos y puertos marítimos y fluviales que intervienen en el transporte de petróleo o derivados, reciben regalías directas conforme lo establece la Constitución en el Artículo 360 que quiere reformar el Artículo 1 del Acto legislativo 013 de 2010. Y en compensación a las regiones no productoras, éstas reciben regalías indirectas para proyectos que estén dentro del Plan de Desarrollo. De aprobarse el mencionado Artículo, será el gobierno el que “determinará (…) la distribución de los ingresos provenientes de las regalías y las compensaciones, su administración, ejecución, control, uso eficiente, destinación, funcionamiento del Sistema General de Regalías y las condiciones en las que los beneficiarios participarán de sus recursos” y aquí aplica un principio seudomoral: “los alcaldes y gobernadores son pícaros” menospreciando otra realidad que ha impedido que se avance en materia de inversión social: las trabas en la administración, la falta de autonomía regional para administrar recursos y los estrechos ciclos de inversión municipal y departamental.
El caso del Artículo 361 es más preocupante, debido a que como está “estos fondos se aplicarán a la promoción de la minería, a la preservación del ambiente y a financiar proyectos regionales de inversión definidos como prioritarios en los planes de desarrollo de las respectivas entidades territoriales”; o sea, el acueducto veredal, la escuelita, las unidades sanitarias, el polideportivo, los restaurantes escolares, el hospital, etc., tendientes a mitigar las necesidades básicas insatisfechas de aquellas zonas deprimidas donde hacen presencia los alcaldes y gobernadores, y muy rara vez pasan los ministros. Pero de acuerdo con lo aprobado en Plenaria de Senado, “Los recursos del sistema general de regalías se destinarán a financiar proyectos de desarrollo económico, social de infraestructura, y con preferencia de preservación ambiental, inversiones en ciencia, tecnología e innovación, ahorro pensional territorial y para la generación de ahorro público” (Art. 2/acto legislativo 13 de 2010)
Es cierto que en regiones como Casanare y Meta el despilfarro de panes y peces ha sido notorio. En el caso concreto del Meta, éste explota recursos no renovables desde 1976 y en la actualidad, según muestra un informe del Banco de la República, “está todavía en la fase de aumento de dichos ingresos y tiene aún la oportunidad de dirigirlos hacía proyectos que contribuyan, en general, a consolidar el desarrollo económico regional y, concretamente, a mejorar el nivel de vida de su población”. Por su parte, la Contraloría General de la República ha hallado en 2010 8 casos de irregularidad que tienen implicaciones fiscales; 21 de orden disciplinario y 8 con alcances penales.
La GCR destaca que estos casos se refieren “a obras en instituciones educativas que no cumplen con la finalidad para la cual fueron previstas, están abandonadas e inconclusas y además, se pagaron cantidades de obra que no fueron ejecutadas, en Vistahermosa, El Dorado, Cumaral, Cabuyaro, Puerto López, El Calvario, Cubarral y Puerto Concordia”, y por si fuera poco, calificó muy desfavorable “la gestión fiscal de los recursos provenientes de regalías indirectas ejecutadas durante las vigencias del 2005 al 2009”.
La anterior ilustración hace referencia a un caso en el cual los organismos de control han funcionado, pero no tiene por qué ser un argumento válido a la hora de decidir que los panes y los peces deban ir en una sola canasta, porque contrario censo, hay departamentos con muy buen uso de regalías, y son los que reclaman, con justicia –desde el punto de vista legal- que se mantengan como están.
En ese aspecto, comparto totalmente la tesis de los Gobernadores de Santander, Tolima y Huila. Para Horacio Serpa, la iniciativa “desconoce los derechos de los municipios y departamentos al colocar(los) en una situación donde se puede quitar la oportunidad de implementar la recuperación social”; su homólogo Luis Jorge Sánchez, cree que “este proyecto ataca la supervivencia de los entes territoriales” y con mucha razón afirma Barreto: “ese proyecto es un cheque en blanco, el cual no dice de cuánto es el presupuesto con el quedarían cada uno de los departamentos”.
